Esta semana, el Gobierno inicia el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen reuniones de la Comisión Nacional de Gobiernos Locales (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre del lunes, y la aprobación del Consejo de Ministros este martes del marco macroeconómico y posiblemente del «techo del gas».
En reuniones con los ayuntamientos de la CNAL y los asesores regionales del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos destinados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el marco macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que el jueves el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento del PIB para este año, ampliándola hasta 2025. Aunque aún no se han dado a conocer las cifras exactas, Cuerpo Confirmó que la revisión para 2024, elevará el crecimiento del PIB desde el 2% actual hasta aproximadamente el 2,5%, mientras que la previsión para 2025 es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% este año y un 2,1% el próximo, y la Comisión Europea prevé un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025.
Al mismo tiempo, el Gobierno inició negociaciones para conseguir el PGE 2025, buscando el apoyo de varios partidos a través de la «geometría variable», estrategia utilizada en el pasado para aprobar diferentes normativas.
Fuentes del Ejecutivo han compartido con Servimedia detalles de los nuevos presupuestos, destacando el «arma de emergencia» anunciada por el Ministerio de Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde el socialista Salvador Illa ganó las elecciones del 12 de mayo, pero aún no hay candidato a la investidura ni acuerdo para su retirada. Las negociaciones están estancadas, aunque no canceladas, según fuentes del ejecutivo.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso de eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo que sólo el Congreso los aprobara. Esta medida provocó un debate jurídico después de que el PP la presentara en el Congreso. Además de todo eso, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.
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