A partir del 2 de agosto, España comenzará a implementar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta que éste cumpla 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no se cumplen. Actualmente el gobierno tiene una reserva adicional hasta agosto para ajustarse a estos requisitos.
La ley de familia ya reconoce este derecho, pero aún está por definir cómo y cuándo se financiará, por lo que queda pendiente el pleno cumplimiento de la directiva. El Ministerio de Derechos Sociales afirma que no renunciarán a cuatro semanas de salario, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumaro, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de parto y 3 semanas adicionales de lactancia.
Se propone que el PSOE amplíe el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantice el pago de 4 de las 8 semanas de permiso parental. Esto podría costarle al Gobierno unos 250 millones de euros por semana remunerada. Además, si la normativa no se transpone a tiempo, la multa podría alcanzar los 53.600 euros diarios.
Existe mucha confusión y dudas tanto entre trabajadores como entre empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Catarina Capeáns, experta en derecho laboral, aunque la ley reconoce el derecho, no especifica cómo se debe pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero es necesario un desarrollo regulatorio para hacerlo sostenible, con el objetivo de cumplir plenamente la directiva en 2025.
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