El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realiza negociaciones abiertas y transparentes con entidades sociales para la reforma de la jubilación parcial. Los sindicatos constatan un estancamiento en la mesa de diálogo social, que también aborda la liquidación de contratos indefinidos discontinuos, el acceso a la jubilación anticipada para trabajos difíciles o tóxicos y las condiciones para jubilarse antes de la edad legal.
La jubilación parcial anticipada, que permite una transición paulatina al mercado laboral y la compatibilidad del salario con el porcentaje de la pensión, es uno de los puntos de conflicto. El gobierno plantea un pedido polémico: aumentar el período de aseguramiento de 33 a 34 años para poder acceder a esta modalidad temprana, que no cuenta con apoyo sindical.
Los sindicatos argumentan que esta medida penaliza a los trabajadores, especialmente a las mujeres, que tienden a tener bases regulatorias más bajas o ingresaron más tarde al mercado laboral. También se contempla la jubilación anticipada por motivos profesionales para aquellos trabajadores que desempeñan trabajos especialmente difíciles, peligrosos o tóxicos, sin posibilidad de traslado. La definición de los coeficientes reductores para estos casos aún está en discusión, y también se debate si los conductores profesionales o las empleadas domésticas (conocidas como ‘kelly’) podrían beneficiarse de esta reforma.
Existe un consenso general en facilitar el acceso a las pensiones a los trabajadores con contratos indefinidos discontinuos, que trabajan de forma intermitente o intermitente en sectores como la hostelería o el turismo. El Gobierno se ha comprometido a restablecer el coeficiente 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada jornada laboral se computará como una jornada y media.
Carlos Bravo, representante de CCOO, expresó que hay signos de preocupación y anticipación en las negociaciones. «A estas alturas, tanto elementos de avance como de preocupación nos hacen dudar de que este tema (refiriéndose a un acuerdo antes del 31 de julio) pueda resolverse, pero seguiremos trabajando en ello en los próximos días para ver si se puede llegar a un acuerdo». «, afirmó Bravo, secretario de Política Social de CCOO.
El Departamento de Seguros de Pensiones proporcionó información oral y escrita a las partes interesadas. En la última reunión presentó algunos textos y se comprometió a enviar un borrador completo a los agentes sociales. «Vamos a considerar punto por punto (…) y estamos invitados a una nueva reunión el próximo lunes 29 de julio», afirmó Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional de UGT.
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