Meta Platforms, la compañía madre de Facebook, está siendo llevada a un proceso legal importante de monopolio en Estados Unidos, instigado por la Comisión Federal de Comercio (FTC). La agencia argumenta que la empresa compró Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 con la intención de eliminar a competidores que estaban surgiendo en el sector de redes sociales, fortaleciendo de este modo su control en el mercado.
La acusación indica que Meta utilizó un enfoque llamado «adquirir o aplastar», comprando empresas rivales para eliminarlas en lugar de competir de manera directa. Según la FTC, estas compras no fueron inversiones estratégicas válidas, sino movimientos para eliminar la competencia y preservar un monopolio en el ámbito de las redes sociales personales. La agencia afirma que estas medidas afectaron a los consumidores al disminuir la innovación y restringir las alternativas disponibles en el mercado.
Por el contrario, Meta sostiene que en su momento los reguladores dieron luz verde a las adquisiciones y que estas han sido ventajosas para los usuarios al incrementar la calidad de los servicios proporcionados. La compañía afirma que enfrenta una considerable competencia de otras plataformas como TikTok, YouTube y X (antes Twitter), lo cual indica que el mercado continúa siendo competitivo. Asimismo, Meta afirma que la FTC ha empleado una definición del mercado excesivamente restrictiva que no representa con precisión la dinámica actual de la industria.
El juicio, que se lleva a cabo en un tribunal federal de Washington D.C., ha atraído la atención debido a su potencial para redefinir las regulaciones antimonopolio en la era digital. Se espera que el caso tenga implicaciones significativas no solo para Meta, sino también para otras grandes empresas tecnológicas que operan en el ámbito de las redes sociales y la comunicación digital.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto más amplio de creciente escrutinio hacia las grandes tecnológicas por parte de los reguladores estadounidenses. La FTC y el Departamento de Justicia han intensificado sus esfuerzos para abordar lo que perciben como prácticas anticompetitivas en el sector tecnológico, buscando garantizar un entorno de mercado más justo y competitivo.
A medida que avanza el juicio, se espera que se presenten pruebas adicionales que puedan influir en la decisión final del tribunal. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante en la aplicación de las leyes antimonopolio en el ámbito digital, afectando la forma en que las empresas tecnológicas operan y se expanden en el futuro.
