La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.
Las dos compañías de seguros en cuestión han informado sobre la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según apunta ASPE, estas iniciativas deberían obtener la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas exceden los límites fijados en la normativa de competencia debido a su volumen de negocio. Asimismo, ASPE subraya que estas aseguradoras forman parte de los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas aglutinan el 71 % del mercado, lo que subraya la importancia de una vigilancia más rigurosa.
Las dos aseguradoras en cuestión han anunciado la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, conocido como Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según ASPE, dichas operaciones deberían estar sujetas a la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas superan los umbrales establecidos en la normativa de competencia por volumen de negocio. Además, ASPE señala que estas aseguradoras son dos de los cinco principales operadores del sector de seguros sanitarios en España. En conjunto, estas cinco compañías concentran el 71 % del mercado, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más estricta.
Hoy en día, el sector de los seguros de salud en España presenta una alta concentración. Una de las aseguradoras implicadas está en el segundo puesto en términos de cuota de mercado, con entre un 20 % y un 30 %, mientras que la otra ocupa la cuarta posición con cerca de un 10 %. Este grado de concentración ha hecho que ASPE alerte sobre los posibles peligros de que estas compañías ejerzan una influencia desmedida en la industria.
Actualmente, el mercado de los seguros sanitarios en España está altamente concentrado. Una de las aseguradoras involucradas ocupa el segundo lugar en cuota de mercado, con entre un 20 % y un 30 %, mientras que la otra se sitúa en el cuarto puesto con aproximadamente un 10 %. Este nivel de concentración ha llevado a ASPE a advertir sobre los posibles riesgos de que estas empresas tengan una influencia excesiva en el sector.
El hospital en Palma de Mallorca tendrá una superficie superior a los 15,000 metros cuadrados y se llevará a cabo en colaboración con Azora, quien será la propietaria del edificio. Las aseguradoras se encargarán de operar el hospital bajo un acuerdo de arrendamiento, con una inversión total que supera los 63 millones de euros. Se estima que el centro comenzará a operar en 2029.
Indagación por conductas anticompetitivas
De manera simultánea a esta situación, la CNMC ha iniciado un procedimiento para investigar a una de las aseguradoras por un pacto firmado con otra empresa del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. Basándose en la información disponible, este acuerdo podría haber causado una disminución en las compensaciones a los centros médicos, lo cual ha despertado preocupación en el sector. Específicamente, las quejas indican que desde su implementación en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en promedio un 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.